El PP reclama a la Junta que pague inmediatamente a los transportistas que llevan siete meses sin cobrar

Denuncia que los conductores que ofrecen los costes de servicio para la consejería de Educación llevan sin ver un euro en lo que va de curso lectivo

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Pilar Pérez, ha reclamado a la Junta que abone «inmediatamente” la deuda que mantiene desde el inicio del presente curso escolar con los transportistas que prestan los costes de servicio.

Se trata en concreto de los conductores que garantizan que los alumnos puedan llegar a sus centros escolares a diario, procedentes de las zonas despobladas de la región, donde el número de estudiantes no justifica habilitar una ruta de transporte, ha explicado.

Según ha denunciado durante su intervención en la comisión del ramo, estos profesionales llevan “siete meses sin cobrar” por los servicios prestados en lo que va de curso lectivo y la “preocupación es máxima”, ha dicho, ya que lo que se les debía por el curso 2015-2016 fue abonado en el mes de octubre del curso siguiente. “La sensación es que este año se repetirá esta situación penosa”, ha lamentado.

Pérez ha calificado de “dolorosas” las declaraciones del secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, quien ha insinuado que la culpa de estos impagos es de los centros educativos, aunque posteriormente ha trasladado la responsabilidad a “algunas empresas” que “no han presentado la documentación” necesaria para cobrar.

Al respecto, la diputada del GPP ha insistido en que “la única culpable” es la consejería de Educación, que es la que no está remitiendo el dinero a los centros educativos para que estos abonen estos pagos pendientes a los transportistas. “No puede ser que la Junta esté todo el día presumiendo del pago a los proveedores, cuando esto demuestra que están engañando a los extremeños”, ha defendido.

“Se están aprovechando de los extremeños que les están sacando las castañas del fuego”, ha dicho y ha insistido en que se trata de personas que “han puesto sus vehículos a disposición de los extremeños y a los que la Junta no les está pagando nada, como si estos transportistas no tuviesen que hacer frente al pago de la gasolina, de las incidencias que puedan sufrir sus coches, del pago de la ITV, de sus hipotecas y de dar de comer a sus familias”.