Me faltan apuntes

Quienes aprendimos Derecho en la Universidad de Extremadura, debimos perdernos alguna clase a propósito de la figura del “indulto”. Digo esto porque repasando los apuntes, no parece que fuese sustancial aquello de la “utilidad pública” que esgrime el Gobierno de Pedro Sánchez para justificarlo.

Tomemos pues los argumentos, no de mis ilustres profesores -no vayan a ser tildados de opresores-, sino de un constitucionalista insigne, el catedrático Francisco Tomás y Valiente. Señalaba tres condiciones para que el indulto no fuera arbitrario: solicitud del recluso, arrepentimiento del delito y respeto a la Constitución Española. “Si el arrepentimiento consta, puede concederse el indulto. Si no, no», y nos recordaba que así fue desde la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto, de 1870. Como hemos podido comprobar estos días, Sánchez ha ignorado el rumbo de 151 años de doctrina sobre esta figura del derecho.

El profesor Tomás y Valiente, que fue presidente del Tribunal Constitucional, trazó los límites al indulto: “Si sucede que el recluso, ni solicita personalmente el indulto, y desde luego, no ha manifestado su arrepentimiento, en relación con su conducta delictiva y reincidente, y no ha acatado la Constitución contra la cual se rebeló, la denegación del indulto es una consecuencia jurídica lógica y debida. Que nadie invoque el ejercicio de virtudes como la clemencia o la generosidad, porque aquí ya no se trata de eso”. Repito: “la denegación del indulto es una consecuencia jurídica lógica y debida”.

¿Cuál ha sido la estrategia del Gobierno de España para conceder la medida de gracia? Ha innovado elevando a categoría de “utilidad pública” el indulto a los 9 condenados del procés. Y ello, porque contribuye a “rebajar la tensión” y a “restaurar la convivencia”. ¿Hay solicitud? No. ¿Hay arrepentimiento? Tampoco. ¿Hay respeto a la Carta Magna? Ni por asomo. Hay “utilidad pública”, y la hay porque lo dice un informe político disfrazado de jurídico, que sirve de bonus a medida para amarrar unos meses más el Gobierno.

Y por mucho que el argumentario oficial sea la pretendida  “utilidad pública”, no hay tal. Incumplir la ley no tiene ninguna “utilidad pública”, como no la tiene “la falta de arrepentimiento” ni declarar de manera nítida que el camino continúa en la independencia de Cataluña. No tiene “utilidad pública” comprometer al Jefe del Estado, ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni a los tribunales. Ni la tiene, ni la puede tener. La única “utilidad” de estos indultos es lo útil que le viene al propio Sánchez para que no haya que cambiar de nuevo el colchón de La Moncloa.

Quienes esgrimimos estar en contra de estos indultos, adoptando la tesis de Tomás y Valiente, del Tribunal Supremo o de la Fiscalía, somos unos radicales que buscamos la confrontación. Incluidos el 80% de los españoles que, a tenor de los sondeos, manifiestan su rechazo a estos indultos. Este argumento lo ha utilizado hace unos días el presidente de la Junta de Extremadura y lo pongo de ejemplo pues, como saben, el Sr. Fernández Vara se caracteriza por su moderación: “Los indultos no son un fin, son un medio. El fin es el art.2 de la Constitución, la patria común. El sí es al proyecto compartido, la España donde quepamos todos. El camino es el encuentro. La derecha e independentistas se retroalimentan. La alternativa del PP es la confrontación”. ¡Toma ya! Nada que ver con sus propias palabras de no hace mucho tiempo, cuando dijo que se iría del PSOE si Sánchez pactaba con los independentistas o cuando afirmó que “hablar de indultos era una falta de respeto a la Justicia”. No sabemos qué le han prometido desde Moncloa para ingerir tamaño sapo que deja a la vista de todos los españoles que sus principios también se basan en la “utilidad”, en lo que le sea útil a él en cada momento.

Y en estas ando yo, rebuscando en los apuntes donde aparezca lo del fin, lo de los medios, lo del proyecto compartido, y lo de la confrontación a propósito de los indultos. Y no viene. Les juro que no lo he encontrado.

José Antonio Monago Terraza

Presidente del Partido Popular de Extremadura y Senador Autonómico

Abogado